El prófugo Rodolfo Orellana Rengifo, acusado de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, intentó sacarle la vuelta al Estado, pero su treta no prosperó. Resulta que el empresario se quedó sin abogado privado que intervenga a su favor en los procesos que se siguen en su contra, en una acción que, para el congresista Víctor García Belaunde, sería una treta para demorar los juicios y victimizarse ante la opinión pública. No obstante, una resolución directorial del despacho de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia –obtenida por La República– dispuso el otorgamiento de un abogado, a pedido de la fiscal de Lavado de Activos, Marita Barreto, a efectos de que el procesado no se quede indefenso en las investigaciones que enfrenta por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita. "Orellana posee una fortuna ilegal, tiene los suficientes medios para poder pagar los abogados que requiera", expresó el legislador García Belaunde.