La Comisión Permanente del Congreso aprobó ayer el proyecto de ley para que las penas de funcionarios públicos condenados por delitos de corrupción, sean efectivas. Esto obligará que los trabajadores del Estado sentenciados por colusión y peculado, cumplan su pena solo bajo cárcel efectiva; es decir, elimina para ambos casos la suspensión de la pena.La iniciativa que surgió en la Contraloría fue saludada por la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, quien criticó que el 95% de los condenados por estos delitos gocen de prisión suspendida. A su turno, el contralor Fuad Khoury precisó que de 500 casos, apenas 25 están en la cárcel.