El nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adrianzén Olaya, anteriormente se desempeñó como procurador público del Ministerio de Defensa, y desde este cargo defendió al Estado peruano en distintos casos de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden. El caso más sonado tiene que ver con las presuntas ejecuciones extrajudiciales en el caso Chavín de Huántar.Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Adrianzén defendió la versión según la cual nunca hubo ejecuciones extrajudiciales contra terroristas integrantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), durante el rescate de la residencia de la Embajada de Japón, en 1997.La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y la organización internacional CEJIL llevaron este caso hasta la Corte IDH, denunciando que algunos militares habrían asesinado de manera extrajudicial a miembros del MRTA y a pesar de ello el Estado peruano no habría investigado ni sancionado a los responsables.(Edición sábado).