El Estado peruano tiene doce días para implementar las medidas cautelares de seguridad dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de 46 líderes de Cajamarca, además de la familia Chaupe Acuña, un rondero y un comunicador social, quienes venían sufriendo persecución judicial y agresión física por defender el medio ambiente.El plazo dispuesto por el comisionado James Cavallaro, que se cumple el 15 de abril, fue dado el 23 de marzo pasado en el marco de una reunión convocada por la CIDH entre los beneficiarios de las medidas cautelares y los representantes del Estado.Ese día los cajamarquinos solicitaron seguridad privada, cese de ataques y hostigamientos, atención médica a los que fueron heridos, entre otros. También comunicaron sobre la persecución judicial que han empezado a afrontar sus abogadas Zulma Villa y Raquel Yrogoyen.Será el Ministerio de Justicia el que deberá informar lo que están haciendo los sectores del Interior, Salud y el Ministerio Público para proteger a los beneficiarios. (Edición sábado).