A menos que haya una reconsideración en el Congreso, se avecina un nuevo conflicto social en el país. Sucede que la aprobación del proyecto de ley (3941) que promociona la inversión privada en comunidades nativas y campesinas obligó a los gremios indígenas a poner en consulta el inicio de acciones de protesta en contra del Congreso y el presidente Ollanta Humala.La mañana de ayer la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología aprobó la iniciativa planteada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con un quórum de solo 6 de 12 miembros, 3 de los cuales eran accesitarios.Están en cuestión varios puntos de la norma. La congresista Verónica Mendoza explicó que con el "cuarto paquetazo antiambiental" está en riesgo el derecho de nativos y campesinos a la posesión de sus tierras, al promover el otorgamiento de manera indiscriminada de derechos de servidumbre o derecho de vía de terrenos eriazos al sector empresarial. Es decir, puede entregar a una empresa privada la potestad de usar un predio e impedir que su propietario ejerza su derecho.