En pocos días se conocerá el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre supuestas ejecuciones extrajudiciales durante la operación "Chavín de Huántar", que rescató a los rehenes de la residencia del embajador de Japón, y con ello se definiría el futuro de estos militares que podrían volver a ser enjuiciados si el tribunal supranacional así lo ordena. Se debe precisar que la CIDH en casi veinte años ha fallado a favor de los terroristas que demandaron al Estado peruano por cuanto hecho pudieron imaginar, siempre con la defensa de la ONG Aprodeh, y lograron que el Estado haya pagado un aproximado de 20 millones de dólares, hasta el momento. Según su propio reconocimiento, las ONG que asumieron la defensa legal de los terroristas, cobraron un porcentaje no revelado de las indemnizaciones ordenadas por la Corte, y en más de una ocasión se dispuso que el Estado peruano cumpla con devolver a estos organismos los supuestos gastos que le significó el ejercicio de la defensa.