La ex procuradora del Estado Delia Muñoz advirtió ayer que 64 terroristas condenados buscan la nulidad de sus procesos en la demanda que admitió en enero último la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que será motivo de una protesta del Gobierno Peruano por considerar un "despropósito" dicha admisión, según anunció el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén. Muñoz explicó a El Comercio que los demandantes, entre ellos Maritza Garrido Lecca, detenida junto al cabecilla senderista Abimael Guzmán y sentenciada a 25 años, argumentan que el Estado Peruano vulneró sus derechos al enjuiciarlos dos veces: en el fuero militar con jueces sin rostro durante los años 90, y luego en el ordinario. Muñoz consideró preocupante el tema, pues, justamente, por disposición de la misma corte de San José, el Perú anuló 600 procesos a terroristas en tribunales militares y dispuso nuevos procesos en la Sala Penal Nacional.