Ni la vida ni la integridad física del exgobernador regional Gregorio Santos corren peligro en la prisión donde se encuentra, por lo tanto "no hay razones jurídicas para implementar" la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseguró el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adrianzén. La decisión de no acatar la resolución que acoge en parte una medida cautelar a favor de Santos, responde también a que la CIDH "no tiene facultades para dictar medidas cautelares", indicó el ministro."No encontramos ninguna razón fáctica para tener que implementar esta recomendación, toda vez que no hay peligro para la integridad física o la vida de Santos", añadió.