El camino para que las empresas sean sancionadas penalmente en casos de corrupción y otros delitos fue abierto por la Comisión de Descentralización. El grupo de trabajo presidido por Manuel Dammert aprobó, con algunas modificaciones, el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo sobre "la regulación de responsabilidad autónoma de las personas jurídicas en delitos de corrupción".El dictamen aún debe pasar por el tamiz del pleno del Parlamento. ¿Pero qué significaría para las empresas si este se aprobara? Actualmente, solo las personas naturales pueden ser sancionadas penalmente, y en el caso de la compañías solo sus directivos.De acuerdo a la norma, las empresas podrán ser sancionadas por delitos como colusión simple y agravada, peculado doloso y culposo, cohecho activo transnacional, entre otros.
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