A propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas, el último 20 de mayo el Congreso aprobó una norma de pomposo título: Ley N° 30327 de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible. Votaron a favor 58 congresistas y 13 se manifestaron en contra. Los representantes de las comunidades indígenas amazónicas, a las que afecta el dispositivo legal, nunca fueron convocados para expresar su punto de vista. Una vez más, se legislaba a espaldas de la población.Por eso, los apus de las etnias cocama, achuar y quechua, que habitan en las cuencas de los ríos Pastaza, Corriente y Marañón, en la región Loreto, decidieron plantear una demanda de amparo ante el Juzgado Mixto de Loreto-Nauta. Los indígenas demandan al Poder Judicial que no se aplique la Ley N° 30327 porque consideran que atenta contra su derecho a la titulación de sus territorios, en especial en áreas donde operan empresas inversionistas.