Los dos jueces paceños, que según denunció el presidente de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare), César Siles, habrían recibido $100,000 de Martín Belaunde Lossio para frustrar su extradición al Perú, podrían ser separados de sus cargos en los próximos días. Y es que tras conocerse la acusación de Siles, el Consejo de la Magistratura de Bolivia ordenó a su Unidad Nacional de Transparencia que inicie una investigación contra los dos vocales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Ramiro López Guzmán y Ricardo Chumacero Torre.Ayer, la agencia boliviana ABI informó que la presidenta de dicha unidad, Jenny Ibáñez, tiene 48 horas para remitir los antecedentes del caso al juez disciplinario de La Paz a fin de que empiece el proceso sancionador.