Mediante pronunciamiento público, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia reafirmó el compromiso institucional de sancionar con toda la fuerza de la ley a quienes resulten responsables de un acto de corrupción en el Poder Judicial. Precisa que los procesos disciplinarios deben garantizar tanto el respeto de los derechos fundamentales de quienes son investigados como las justas expectativas del sistema jurídico y de la sociedad ofendida por la comisión de aquellos actos. En ese sentido, envía un mensaje de confianza a la ciudadanía en el que señala con firmeza que la institución se encuentra siempre vigilante de la actuación de sus jueces y personal jurisdiccional, garantizando así su desempeño independiente e imparcial.(Edición sábado).