El inminente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la operación Chavín de Huántar ha generado una serie de acusaciones de ida y vuelta, atizadas por la reciente advertencia de Francisco Eguiguren (electo miembro de la Comisión Interamericana) en el sentido de que, probablemente, el Estado peruano pierda el caso.La Corte IDH se pronunciará sobre dos puntos centrales, explicó el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera. El primero tiene que ver con las supuestas ejecuciones extrajudiciales de los emerretistas Eduardo Cruz Sánchez (alias "Tito"), Luz Meléndez Cueva y Víctor Peceros Pedraza. En el caso de "Tito", existe una sentencia de la Tercera Sala Penal Liquidadora que determina que fue ejecutado posteriormente a la exitosa operación que liberó a los rehenes de la residencia del embajador japonés.El segundo punto se refiere a la violación de las garantías judiciales. Rivera recordó que en el 2002 la justicia militar abrió un proceso contra la totalidad de los comandos que intervinieron en el rescate, a pesar de que no es un fuero competente en temas relacionados con los derechos humanos. "Fue un gran error (de la justicia militar) procesar a todos", señaló Rivera. Si la Corte IDH -como se especula- ordena la nulidad del juicio seguido en el fuero militar, la pregunta clave es si todos los comandos -alrededor de 140- deberían ser incluidos en un nuevo proceso.