El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adrianzén, pidió a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que patrocinaron la demanda contra el Estado peruano por el caso Chavín de Huántar entregar el dinero que recibirán por los gastos del proceso a los familiares de las víctimas del grupo terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) no establece ninguna indemnización del Estado en favor de los familiares de los terroristas abatidos en la operación Chavín de Huántar en abril de 1997, en la que 71 rehenes fueron liberados con vida. Sin embargo, establece que se pague a la Asociación pro Derechos Humanos (Aprodeh) y ak Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) 10,000 y 20,000 dólares, respectivamente, por los gastos incurridos durante el litigio.