Al parecer, el gobierno no quiere más problemas con funcionarios que están bajo su jurisdicción y que ventilan ante la prensa casos de corrupción ligados a personajes de su entorno. Por ello, no solo la procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe, fue requerida -a través del oficio 2305-2015-JUS el 10 de junio último- para que dé explicaciones sobre sus declaraciones en torno al caso Nadine Heredia y observe en el futuro un engorroso trámite de permisos previos, sino también otros abogados.En efecto, la directiva mordaza se ha extendido también a los procuradores anticorrupción Joel Segura y Engie Herrera (coordinador de la Procuraduría Regional del Callao), quienes han sido prohibidos de declarar sobre temas sensibles, según pudo conocer Perú21.El pasado 13 de junio, Susana Villavicencio, secretaria técnica del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, envió un oficio múltiple a Segura y a Herrera en el que les recuerda "que cualquier trámite que deban seguir para poder efectuar declaraciones ante los medios de comunicación debe contar con autorización expresa del titular de la entidad de la cual dependen administrativamente", señala el documento al que Perú21 tuvo acceso.