Intentando justificar las restricciones impuestas a los abogados del Estado, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adrianzén, sostuvo que no existe mordaza detrás de la disposición para que los procuradores soliciten autorización antes de efectuar declaraciones a la prensa."Una vez que se cuenta con la autorización, se informa al Consejo de Defensa Jurídica del Estado", señaló el funcionario en declaraciones a RPP.Según dijo, las declaraciones deben versar sobre el contenido del expediente correspondiente y sobre hechos ya actuados, pues no se puede adelantar la estrategia legal del Estado.Un procurador "no puede tomarse libertades para hacer antejuicios políticos y declaraciones que no tienen que ver con la sustancia del cargo que detenta y con la función específica que desempeña", indicó.