En un plazo de treinta días, luego que el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, el Ministerio de Justicia y la Policía Nacional aprueben un protocolo de cumplimiento, se iniciará la aplicación del Decreto Legislativo 1182 que permitirá a las autoridades en tiempo real localizar geográficamente el telefóno celular, o cualquier otro dispositivo electrónico móvil, de los denunciados por extorsión.El viceministro de Orden Interno, general PNP (r) Mauro Medina Guimaraes, explicó que la norma reducirá drásticamente el periodo promedio de 90 días que tardaba una autorización judicial para que las compañías telefónicas entregaran a la Policía Nacional información sobre la localización de los celulares de los delincuentes, siempre que exista la flagrancia del delito.Con la ley publicada el 27 de julio, que regula el uso de datos para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación, para fines de la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, las empresas de telefonía, a pedido de la policía, y previa autorización de un fiscal, estarán obligadas a entregar los datos requeridos en un plazo de 24 horas. Después la solicitud deberá ser validada por un juez.Sin embargo, algunos críticos señalan que la norma podría ser utilizada para otros fines y representar una amenaza para los derechos de los ciudadanos.