El Decreto Legislativo 1186, que regula el uso de la fuerza policial, llena un vacío legal y establece reglas claras en la intervención del personal de la Policía Nacional, resaltó el Instituto de Defensa Legal (IDL)."La claridad es imprescindible para darles seguridad a los propios policías. Pero también es valiosa para los ciudadanos y para los jueces y fiscales, quienes controlan el ejercicio de la violencia legítima", sostuvo.En el pronunciamiento, el IDL resalta que la ley ha reemplazado reglas de menor jerarquía normativa que permitían amplios márgenes de discrecionalidad, y también a la Ley 30151, la cual exoneraba de responsabilidad penal a policías que maten o hieran en el ejercicio de sus funciones.Se destaca además que se haya establecida la excepcionalidad del uso de la fuerza letal, pues ahora se prevé mecanismos previos al uso de la fuerza (presencia policial, control físico y de contacto, y tácticas defensivas no letales). Asimismo, se plantean principios básicos (legalidad, necesidad y proporcionalidad), y se le da fuerza interpretativa a las normas internacionales. Pero el IDL precisa que la ley tiene un punto negativo, como la regulación del uso de la fuerza en conflictos sociales.