En vísperas de cumplirse el plazo que le concedió el Congreso para legislar en materia económica y de seguridad ciudadana, el Ejecutivo promulgó un decreto legislativo que sanciona con pena de cárcel y multa pecuniaria a quien "denuncie ante la autoridad un hecho punible, a sabiendas de que no se ha cometido o que ha sido cometido por una persona distinta a la denunciada". Se trata del artículo 402º contenido en el capítulo III del Código Penal, referido a los delitos contra la administración de justicia.En opinión de Mauricio Mulder (Apra) y Juan Carlos Eguren (PPC), la norma constituiría una mordaza para los medios de comunicación. Esta versión fue contrarrestada por su homólogo oficialista Santiago Gastañadui, quien comentó que lo que se busca con la norma es "cautelar una correcta administración de justicia".(Edición domingo).