Hoy a las cinco de la tarde, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adrianzén, se presentará ante el pleno del Congreso para responder al pliego interpelatorio planteado por la oposición al conocerse una presunta intención del gobierno en limitar las declaraciones de los procuradores a los medios de comunicación. Adrianzén ha negado algún intento por amordazar a los procuradores; sin embargo, según sus detractores, sus palabras se contradicen debido al proceso disciplinario que se le abrió a la procuradora de lavado de activos, Julia Príncipe. Ella ha asegurado que se le pretende sancionar por haber declarado sobre las supuestas agendas de la primera dama, Nadine Heredia. Como se sabe, por el contenido de esas libretas hoy la esposa del presidente Humala es investigada por el presunto delito de lavado de activos. La procuradora de lavado de activos se presentó ayer en la Comisión de Fiscalización y aseguró que el proceso disciplinario en su contra no tiene sustento legal y menos constitucional. "Los funcionarios públicos, como todas las personas, tenemos derecho a la libertad de expresión en toda su dimensión y sus diversas manifestaciones. Pero además, por la naturaleza de nuestras funciones, se considera también un deber con las limitaciones que no debemos afectar la función pública", declaró.