La desactivación de la Unidad de Análisis Financiero y Pericial del Consejo de Defensa Jurídica del Estado pondría en riesgo al menos 12 casos de investigación por lavado de activos, impulsados por la procuraduría especializada, entre los cuales se encuentran varios de los llamados "emblemáticos", según documentación oficial a la que accedió Perú21.Esa medida, ejecutada por el Ministerio de Justicia en junio reciente, podría poner en riesgo los peritajes efectuados en el denominado caso Ecoteva, en las pesquisas a la parlamentaria fujimorista María López Córdova, a la red de corrupción en Áncash, así como la indagación a Gregoria Casas Huamanhuillca (Tía Goya), sindicada como la cabecilla de una organización de minería ilegal en Madre de Dios.Los otros 8 casos de lavado de activos, consignados en el documento, están relacionados a personas y empresas investigadas o procesadas judicialmente por delitos de extorsión, proxenetismo, explotación sexual o tráfico ilegal de oro.