El titular de Justicia y Derechos Humanos renunciante, Gustavo Adrianzén Olaya, aseguró que la conclusión del nombramiento de la abogada Julia Príncipe Trujillo como procuradora especializada en delitos de lavado de activos obedece a una abierta inconducta funcional. "No debería generar mayor sobresalto la decisión que se ha tomado, está perfectamente amparada en el ordenamiento legal vigente; se trata simplemente del retiro de la confianza, el cargo de procurador es de confianza y esta se otorga y se retira", explicó.Refirió que en los últimos días se apreció "una abierta inconducta funcional" en la postura adoptada por Príncipe al desconocer la autoridad, la dependencia orgánica, funcional y administrativa que tenía.