En cinco años como fiscal anticorrupción y siete años como procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe Trujillo considera que el momento de mayor peligro que afrontó fue cuando investigó a la organización criminal que encabezaba el abogado Rodolfo Orellana Rengifo.Príncipe comenzó a indagar el caso Orellana a solicitud del procurador público del Ministerio de Salud, en 2010, quien le comunicó sobre el caso de la apropiación ilegal de un extenso terreno que le pertenecía al hospital Hermilio Valdizán, en Ate-Vitarte. Al investigar el caso, Julia Príncipe identificó que detrás del acto ilegal se encontraba el estudio de abogados de Rodolfo Orellana. Fue como haber descubierto la punta de la madeja, porque luego detectó otros hechos similares protagonizados por el mismo personaje y su equipo de letrados.Poco después el congresista Víctor Andrés García Belaunde hizo público que la Fundación por los Niños del Perú había perdido la propiedad de un inmueble en Chaclacayo.Interesada en el caso, Príncipe descubrió que Orellana también estaba metido en la apropiación ilícita. Es entonces que la procuradora de Lavado de Activos comprende que estaba frente a una red criminal compuesta por testaferros, empresas de fachada, policías, secretarios de juzgado, fiscales, jueces y funcionarios de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp)."En 2010, denuncié a Orellana y a varios miembros de su organización ante la Fiscalía de la Nación por presunto lavado de activos. Aquí empezó mi calvario. Orellana utilizó su revista "Juez Justo", y con la complicidad de Benedicto Jiménez y Heriberto Benítez desataron una campaña de desprestigo contra mi persona y mi familia. Me insultaban, me denigraban, me difamaban con acusaciones sin fundamento. Y pretendieron descalificarme por un caso que afrontaba mi ex esposo. Pero además enviaban a mi casa arreglos florales funerarios, llamaban por teléfono para amenazarme de muerte. Fue un infierno para mí y mi familia", relató.