La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) estuvo en Lima esta semana y se reunió con las carteras de los ministerios del Interior, de Justicia, del Ambiente y de Inclusión Social para que les brinden estadísticas del impacto de "las industrias extractivas que vulneran los derechos económicos, sociales y culturales en los pueblos indígenas" del país.Luego de esos encuentros, la CIJ -que llegó con la representación de la suiza Sandra Ratjen, el venezolano Rafael Uzcátegui y la colombiana María Clara Galvis" señaló que se van con algunas inquietudes.Teniendo en cuenta que desde "el 2000 han muerto un total de 264 personas en el marco de conflictos sociales, Galvis dijo que, pese a que en Colombia el número de muertos sea mucho mayor (220 mil), no significa que esta situación sea buena."Una comparación con países que tienen cifras exorbitantes puede conducir a que están muy bien y esa no es la reflexión. La reflexión es que estas muertes se pudieron evitar", acotó.(Edición sábado).