La comisión investigadora del caso Lava Jato investiga los detalles en los que el Congreso emitió la Ley 28670, tramitada y aprobada a fines de enero del 2006, es decir, en pleno receso parlamentario y en la efervescencia de la campaña electoral de ese año.La razón es que, mediante esa norma, varios de los impedimentos que tenían las empresas para poder contratar con el Estado, como el tener juicios con entidades públicas, se volvieron "inexigibles" e "inaplicables", según informó el legislador Juan Pari, titular del grupo de trabajo.Entre las firmas beneficiadas con esa disposición legal estuvo la constructora brasileña Odebrecht, a cargo de uno de los tramos de la vía Interoceánica Sur y el Proyecto Olmos, refirió."La Ley referida permite que el Estado suscriba contratos con compañías que tienen problemas con el propio Estado. Antes, un decreto supremo evitaba que eso pasara. En consecuencia, abre la ventana, incluso para que se aplique de manera retroactiva, en contra de la Constitución", señaló a Perú21.