Los fiscales generales y procuradores generales de América Latina acordaron establecer mecanismos que permitan un trabajo conjunto y una comunicación directa entre sus instituciones para combatir las diferentes formas de crimen organizado que afectan a la región, como corrupción, lavado de activos, trata de personas, narcotráfico y delitos contra el medio ambiente. El compromiso fue plasmado en la Declaración de Lima, que recoge la voluntad de los representantes de las fiscalías y procuradurías generales del Perú, Chile, Colombia, Costa Rica, Brasil, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, México, Paraguay, República Dominicana y Uruguay, de unirse para hacer frente a la actividad criminal que afecta de manera común a los países de la región.