La procuradora de Lavado de Activos, Janet Briones, recibió a Perú21 y se refirió a la acusación fiscal que formuló ante el Poder Judicial el magistrado Germán Juárez, a cargo de investigar a la primera dama, Nadine Heredia, por presunto lavado de activos, quien, según su hipótesis de trabajo, acusa a la pareja presidencial de encabezar una organización criminal. Aquí la posición de la defensora del Estado.La Fiscalía acusa a la pareja presidencial de liderar una presunta organización criminal que habría lavado dinero a través del Partido Nacionalista Peruano (PNP).Es preocupante que haya indicios de que este y otros partidos políticos estén siendo financiados por el crimen organizado. Hay que tener claro que el presidente Ollanta Humala no está comprendido en la investigación.La denuncia del fiscal Germán Juárez, a cargo del caso, es grave. En la historia del Perú, es la primera vez que se baraja esa hipótesis. ¿Cómo afecta esta denuncia al país? No es bueno que personas vinculadas al poder estén siendo investigadas por ese tipo de delitos, porque desestabilizan las instituciones del país. Sin embargo, aún estamos hablando de indicios. Si en un futuro se llegara a confirmar esta hipótesis, se demostraría que hay infiltración de capitales ilegales en el financiamiento de las campañas electorales.El oficio precisa que el PNP sirvió para dar una apariencia de legalidad a dichos activos mediante aportes falsos.En el delito de lavado de activos es común este modus operandi. Es decir, se utiliza a las instituciones para lavar dinero. Esto pone en riesgo la institucionalidad y desacredita a los organismos del Estado debido a que, al instrumentarlas, se pierde confianza porque se ponen al servicio del crimen organizado.¿Cuál es el riesgo?Hay riesgos de que en este país ocurra lo que sucede a nivel internacional como en México, Colombia y Brasil, porque las campañas políticas se están convirtiendo en una suerte de inversiones del crimen organizado. Una vez que tienen el dinero, su objetivo es el control político. Ello pone en riesgo el Estado de derecho.(Edición domingo).