El nuevo escándalo que involucra al actual ministro de Defensa, Mariano González. l espionaje a políticos, empresarios y periodistas que se consumó en el gobierno de Ollanta Humala comprometía directamente al Poder Judicial y al Ministerio Público, según una investigación de la agencia Associated Press (AP) que no ha recibido mayor cobertura en nuestro país.Y es que un documento oficial que lleva por título "Sistema de Interceptación Legal", fechado en agosto de 2015, da cuenta de los citados alcances del conocido ‘Proyecto Pisco’ que debía implementar la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), pero que por el escándalo del seguimiento a la vicepresidenta de entones, Marisol Espinoza, y otros no solo fue paralizado sino entregado a la Policía Nacional.Hay en el citado escrito cuatro ítems en el sumario, a partir de la introducción, estructura, el personal PNP que operará los equipos, y, finalmente, seguridad y auditoría del sistema a instalarse en el complejo militar de Chorrillos, en Lima, junto a las instalaciones de la DINI.Es curioso que este documento explique no solo la compra sino la instalación física de la plataforma de espionaje, con imágenes de satélite, fotografías de los edificios y esquemas precisos de las distintas salas de interceptación.Están también escritas las tribulaciones de los directivos de los servicios secretos de la administración Humala, que describen las limitadas condiciones "para interceptar legalmente las comunicaciones". Luego se centran en el objetivo de "mejorar la plataforma de interceptación legal de las comunicaciones y cubrir todo el espectro utilizado por los delincuentes para coordinar o ejecutar sus delitos".Y entre los fines, según sus creadores, está la "mejora en la producción de inteligencia policial para el combate contra la delincuencia y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana".En la página 8 del escrito está la ubicación precisa de la central del trabajo de interceptación, al costado de la DINI, con un área de trabajo que incluye al Ministerio Público y 12 salas de escucha y de reuniones de la Policía Nacional.