Entrevista a Gilbert Violeta López, presidente del partido político Peruanos por el Kambio.Acaba de presentar dos proyectos de ley que contribuyen a la lucha anticorrupción, ¿en qué consisten?El primero es sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción: la idea es que este acto pueda ser perseguido a lo largo del tiempo. Ha habido casos donde el funcionario comete actos de corrupción y se va a otros países, se oculta de la justicia, y regresa cuando la pena ya no es perseguible. El segundo es sobre la muerte civil, cualquier persona que ha cometido un acto doloso de corrupción no puede postular a ningún cargo público.Siempre y cuando exista una sentencia firme...Este proyecto va más allá. Establecemos la sentencia confirmatoria en segunda instancia, es decir, si dos jueces de distintas instancias confirman la sentencia, esta es válida para que se aplique la muerte civil. En el Perú, al abogado le encanta utilizar diversos recursos, y mientras tanto el condenado sigue en el Estado.Pero, ¿no se estaría afectando su derecho a la presunción de inocencia?La ley garantiza la presunción de inocencia, pero esta no puede ser utilizada para que la gente diga "como se me presume inocente, tengo derecho a un segundo recurso de apelación; y mientras no agote todas las vías, que pueden ser cinco, seis, siete recursos extraordinarios, sigo en el Estado". Mi teoría es que lo que se garantiza (en el proyecto)es la pluralidad de instancia con sentencia confirmatoria.¿Estos proyectos son suficientes para combatir este flagelo? ¿Hay otras propuestas?La lucha contra la corrupción tiene que ser una estrategia de gobierno que abarque diversas cosas. Por un lado, poner filtros a quien acceda al servicio público, ya sea por elección popular o por carrera pública. En ese sentido, estamos trabajando para crear un Sistema Nacional Anticorrupción.¿En qué consistiría?En este sistema se aglutinaría a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Contraloría General de la República y a la Procuraduría Anticorrupción, las cuales dependerán de una sola cabeza que tendrá una protección constitucional para que una vez que es nombrado nadie lo pueda remover por decisión política.¿Y quién se encargaría de la designación de este jefe del Sistema Nacional Anticorrupción?Sería el Ejecutivo el que proponga un nombre y luego el Congreso lo debate y lo aprueba.Entonces continuaría la injerencia del gobierno sobre estas intituciones...El equilibrio de poderes supone que se comparten los procesos de decisiones. Hablo como un eventual mecanismo que debe ser discutido, ya sea en la comisión de Justicia o Constitución.¿Podría ser el Congreso quien lo elija?Mi preocupación es que el Congreso se demora demasiado en tomar decisiones.Un caso es el Defensor del Pueblo, en donde se demoró cinco años. En una vergüenza que en el periodo legislativo anterior no se haya podido llegar a un acuerdo. Con respecto a la UIF, con su propuesta, esta dejaría de depender de la Superintendencia de Banca y Seguro (SBS).Es una desnaturalización que la UIF dependa de la SBS porque toma decisiones que afectan los derechos fundamentales de las personas como el levantamiento del secreto bancario. Tiene que tener un órgano de mayor jerarquía y no depender de uno administrativo. Lo que queremos es darle más peso, poner en un mayor rango a la UIF.¿Está de acuerdo en que se autorice a la UIF a levantar el secreto bancario?Siempre que haya un responsable político de esa decisión y este debe ser el jefe del Sistema Nacional Anticorrupción.A su juicio, la Contraloría también debe integrarse a este sistema, ¿por qué?La Contraloría tiene que tomar una nueva dimensión porque a veces se convierte sencillamente en un observador de lo que ocurre e incluso la corrupción pasa sobre sus narices y solamente advierte muchísimo tiempo después cuando todo ya está consumado. ¿Hace falta una labor de prevención?La Contraloría tiene que tener una intervención más decidida en todos los procesos importantes de contratación del Estado y que pueda ir tomando medidas correctivas de manera expeditiva. Tampoco puede convertirse en un actor que dificulta las decisiones del gobierno.