El proyecto de ley de facultades legislativas que el Poder Ejecutivo presentó al Congreso busca modificar la legislación sobre lavado de activos y el marco legal penal contra el financiamiento del terrorismo como medidas para fortalecer la lucha contra la corrupción. Así, se propone regular el delito de lavado de activos, en base a la Convención de Viena (1988) y la Convención de Palermo (2000), ambos ratificados por el Estado peruano, para tipificar la ocultación, adquisición, posesión y utilización del producto del delito de manera amplia, a fin de sancionar esas conductas, que son variantes del lavado de activos. También busca clarificar que la autonomía del delito de lavado de activos, señalada expresamente en el artículo 10 del Decreto Legislativo 1106, no solo se circunscribe al ámbito de la investigación y procesamiento, sino también de la sanción.