Los procesos disciplinarios a jueces y fiscales demoran, relativamente, el mismo tiempo en la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), que en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). En ese sentido, que el Consejo asuma las funciones de la OCMA y la Fiscalía Suprema de Control Interno, como propone el presidente del CNM, Guido Águila Grados, podría ser una trampa, como piensan en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Veamos los datos del propio CNM que inducen a esta posición. La República descubrió que el 2014 un proceso en la OCMA demoró 5 años y 10 meses, al cabo de lo cual pidió al CNM la destitución de una jueza de Tumbes. De los últimos años, es la investigación que más ha durado en la OCMA. Hoy por impulso de su nueva jefa, la jueza suprema, Ana María Aranda, los procesos se han agilizado en un 100% en la Oficina de Control. En dicho caso, la OCMA encontró responsable a la jueza de afectar el deber de imparcialidad, al no inhibirse en un juicio contra una empresa, que era defendida por el estudio de abogados de su pareja sentimental. Además, que realizó un viaje en compañía de su pareja, con pasajes aéreos pagados por la referida empresa, que contrataba con el gobierno regional de Tumbes. Pero, un año, 2 meses, 3 semanas y 1 día después, el CNM absolvió a la doctora Maldonado, con el argumento de que no importaba quien pagó los pasajes, pues la pareja sentimental no ejerció la defensa directa de la empresa. Luego, el CNM también se toma su tiempo para resolver, como se ve en el expediente 05-2014, que es uno de los casos provenientes de la OCMA que más tiempo demora en resolverse: en la OCMA se demoraron 3 años, 5 meses, 2 semanas y 5 días, pero en el CNM ya tiene 2 años, 8 meses, 1 semana y sigue en trámite.