La Comisión de Defensa del Congreso tiene puesta la puntería en uno de los procesos de compra realizados en 2014. Se trata de un contrato celebrado por el Ejército, valorizado en 14 millones y medio de soles, que afectaría la estrategia de protección del Gasoducto Sur Peruano.La preocupación surge en el marco de la investigación a las compras militares gestionadas durante el gobierno pasado, impulsada por el citado grupo congresal, presidido por la legisladora Luciana León.Según información proporcionada por el congresista Clayton Galván Vento, miembro de la Comisión de Defensa, el objeto del contrato consiste en la adquisición de bienes para la instalación de nueve bases militares temporales en distintos puntos estratégicos del Vraem donde se erige el Gasoducto Sur Peruano.La buena pro fue otorgada a la empresa colombiana Manufacturas Rosse el 2 de diciembre de 2014, durante la gestión del general EP (r) Ronald Hurtado Jiménez, entonces jefe máximo del Ejército. Luego de 20 meses, según Galván, lo estipulado en el convenio no se ha concretado.