Mientras en el Congreso se debatía el pedido de facultades para fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), finalmente denegado por el fujimorismo, paralelamente el Ministerio Público notificaba al ex parlamentario Joaquín Ramírez Gamarra de su inclusión en la investigación que se le sigue al Grupo Ramírez por el presunto delito de lavado de activos.La resolución, a la que accedió Perú21, fue emitida por la fiscal adjunta Sara Vidal Vargas, de la Primera Fiscalía de Lavado de Activos, quien tiene a su cargo las indagaciones a ese grupo familiar.Tras esta decisión, la Fiscalía cursó oficios a diferentes entidades públicas y privadas para que le envíen información de los movimientos bancarios y financieros, así como de las propiedades y empresas del ex parlamentario de Fuerza Popular.En la misma resolución, la magistrada dispuso que continúen las diligencias respecto del actual parlamentario de Fuerza Popular Osías Ramírez Gamarra, hermano de Joaquín, por la vinculación societaria que mantienen ambos en diferentes empresas que vienen siendo indagadas.En el documento se deja constancia de que diez empresas del grupo Ramírez incrementaron ostensiblemente su capital social con montos millonarios, con los cuales adquirieron diversos inmuebles y realizaron inversiones.