La ampliación de la condena de inhabilitación para funcionarios sentenciados por corrupción impedirá que estas personas vuelvan a ocupar cargos en la administración estatal, precisó ayer el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.Señaló que la inhabilitación de por vida se dará a los que actúen como integrantes de una organización criminal, por vinculación o encargo de esta, cuando la conducta ilícita recaiga sobre programas con fines asistenciales y genere perjuicios por encima de las 15 unidades impositivas tributarias (UIT)."Se ha modificado el Código Penal estableciendo la pena de inhabilitación principal ampliando su duración entre cinco y veinte años, cuando actualmente es de seis meses hasta diez años", explica el Minjus.La norma, en ese sentido, restringirá la posibilidad de que condenados por delitos contra la administración pública trabajen como funcionarios, aunque el cargo que ejerzan provenga de elección popular.Asimismo, implicará la privación de grados militares o policiales, títulos honoríficos u otras distinciones que correspondan al cargo, profesión u oficio del que se hubiese servido el condenado para cometer el delito.(Edición domingo).