El viceministro de Justicia, Edgar Carpio, manifestó que los jueces de todo el país están obligados a inhabilitar de forma perpetua a los funcionarios responsables de actos de corrupción, sin perjuicio de la condena a prisión efectiva que deberá aplicarse de ser necesario. Refirió que la aplicación de la "muerte civil", recientemente incorporada en la norma por el Ejecutivo al amparo de las facultades legislativas delegadas, se da independientemente de lo que puedan solicitar como pena los operadores de justicia, como los procuradores anticorrupción."Los jueces aplican las penas contempladas en el Código Penal. En este caso, en relación a los delitos contra la administración pública son de dos clases: privativa de la libertad y la otra es la inhabilitación", explicó en declaraciones a la Agencia Andina.