La imprescriptibilidad de los delitos de corrupción en los que se afecten los intereses del Estado no solo regiría para los funcionarios y servidores públicos que caigan en esas malas prácticas, sino también para los particulares involucrados en dichos procesos.A ese consenso llegaron los congresistas de las comisiones de Constitución y Justicia luego de una sesión conjunta en la que se debatió la propuesta para modificar el artículo 41 de la Constitución Política.Sobre esta modificación hay un predictamen de la Comisión de Justicia y cinco proyectos de ley, los que, con diferentes matices, proponen que los delitos de corrupción sean imprescriptibles.Sin embargo, la congresista Marisa Glave (Frente Amplio) planteó que la acción penal sobre los delitos cometidos contra el patrimonio del Estado deben ser imprescriptibles, así los procesados sean funcionarios públicos o privados.La propuesta fue bien recibida por los representantes de las otras bancadas, como Lourdes Alcorta (Fuerza Popular), quien respaldó incluir a los particulares en la norma. En el mismo sentido se pronunció el congresista de Peruanos Por el Kambio, Gilbert Violeta, autor de uno de los proyectos.