La Comisión de Integridad instó a impedir el uso de dinero ilícito en organizaciones y campañas políticas, a través de una urgente reforma integral de la legislación electoral, para garantizar su transparencia. En el informe de este grupo de trabajo, se plantea asignar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la facultad de calcular los costos de la campaña de cada organización política, las que deberán acreditar la fuente de ingresos calculados por el organismo electoral. El incumplimiento de esta acreditación dará lugar a sanciones pecuniarias y políticas que, en función de su gravedad, "podrán llegar a la suspensión temporal o inhabilitación definitiva en el Registro de Organizaciones Políticas".Asimismo, establecer un régimen de responsabilidades y sanciones "por la recepción de aportes ilícitos" y otras infracciones a la legislación sobre el financiamiento a la política, que comprenda tanto a los autores directos como a quienes pudieran encontrarse comprometidos a partir del ejercicio de los cargos directivos.