Más de 1 500 casos de presunta corrupción o negligencia en la administración pública detectados por la Contraloría General de la República están pendientes de ser resueltos en el Poder Judicial y corren el riesgo de quedar en la impunidad por prescripción, advirtió ese organismo de control. Estos casos fueron detectados por la Contraloría General a partir de informes de control, entidad que pide una justicia efectiva no solo para sancionar a quienes delinquen sino también para desalentar las prácticas de corrupción. En el periodo 2007-2016, la Contraloría General ha presentado 2 358 casos civiles y penales, de los cuales se han resuelto solo 824. A lo largo de los años, la brecha entre los casos presentados y resueltos ha ido incrementándose hasta llegar a los 1534 casos. De las 2 358 acciones legales interpuestas contra funcionarios de los tres niveles de gobierno, 1326 corresponden a denuncias penales por presunta corrupción y 1032 son demandas civiles reclamando una indemnización a favor del Estado.