La constructora brasileña Odebrecht pagó sobornos en el Perú, por aproximadamente 29 millones de dólares, a altos funcionarios gubernamentales entre los años 2005 al 2014, para asegurar la adjudicación de contratos de obras públicas.Odebrecht realizó esta confesión en un acuerdo suscrito con la División Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para evitar que se procese en ese país a sus funcionarios. En el pacto se incluye a su empresa filial Braskem.Por este acuerdo, la firma brasileña pagará una multa de 2.600 millones de dólares a Brasil, Estados Unidos y Suiza. En el caso de estos dos últimos países, es por utilizar bancos ubicados en sus territorios para sus prácticas corruptas.La subsecretaria adjunta del Departamento de Justicia, Sung-hee Suh, declaró que "Odebrecht y Braskem utilizaron una unidad de negocios, oculta y funcional, que podríamos llamar ‘Departamento de Sobornos’, que pagó sistemáticamente millones de dólares a funcionarios corruptos en países de tres continentes".En el acuerdo, la constructora de Brasil reconoce haber pagado coimas en 11 países por un total de 436.9 millones de dólares, que le ocasionaron ganancias por 1,259.7 millones de dólares en más de 140 obras públicas.Además de Perú, los países donde se realizaron estos pagos indebidos fueron Argentina, Colombia, México, Panamá, Venezuela, Guatemala, Ecuador, República Dominicana, Angola, Mozambique y, claro, el mismo Brasil.El dinero era entregado a los funcionarios públicos mediante pagos directos, financiamiento de campañas políticas, pagos de pasajes, financiamiento de actividades y proyectos y donaciones.Los sobornos pagados por Odebrecht en el Perú alcanza a los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Si bien en el acuerdo no se precisa las obras en las que se pagaron las coimas ni los funcionarios que las recibieron, se da algunos detalles que podría permitir identificarlos.Según la fiscalía estadounidense y el FBI, el detalle de los pagos y la identidad de los funcionarios sobornados ya se encuentran en manos del Ministerio Público de Brasil, como parte de las delaciones premiadas suscritas en dicho país.