La Defensoría del Pueblo señaló que el Ministerio Público tiene el deber constitucional de realizar una investigación objetiva, rápida e independiente sobre el caso Odebrecht, a fin de identificar a los funcionarios públicos y personas involucradas para su posterior juzgamiento y sanción. A través de un comunicado, el mencionado organismo se pronunció ante la información difundida sobre el pago de sobornos a funcionarios peruanos por US$29 millones, realizados por la empresa brasileña Odebrecht entre los años 2005 y 2014 para beneficiarse en diversas licitaciones de obras públicas. "Estos graves actos ponen en evidencia la necesidad de adoptar medidas urgentes para fortalecer las instituciones que tienen a su cargo prevenir y sancionar la corrupción en nuestro país, tales como las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción, Lavado de Activos y Delitos Tributarios", anotó.