"No es una crisis legal", afirmó el jueves pasado el oficial mayor del Congreso, José Cevasco, sobre los cuestionamientos por la frustrada adquisición de 980 computadoras por más de 5 millones de soles, anulada tras las denuncias alertando una sobrevaloración.Sin embargo, siete días antes, el Parlamento recibió cartas notariales de las empresas COMPURED SAC y GRUPO CORESOL SAC advirtiendo que si no dejan sin efecto la resolución de sus contratos entablarían acciones arbitrales, administrativas y judiciales.Es más, el 22 de diciembre, el aún jefe de Logística, Sergio Romero Loyola, envió un informe a la directora general de Administración, Lucía Bravo Roncal, señalando que no era posible suspender el proceso.Indicó que "ninguna de las causas invocadas" por el Congreso para dejar sin efecto los contratos se establece en la Ley de Contrataciones del Estado N°30225 y su reglamento.