Las concesiones ganadas por Odebrecht en el Perú continúan en entredicho, y no es para menos. Al escándalo por las coimas pagadas por esta empresa a autoridades peruanas para hacerse de importantes obras de infraestructura, se suman las críticas a los contratos suscritos por la constructora brasileña y el Estado peruano, que ya empiezan a oprimir al ciudadano.Basta con ver el terrible caos que se generó en las protestas contra el alza de los peajes y la colocación de nuevas garitas en la Panamericana Norte, concesionada a Rutas de Lima. El otro contrato cuestionado es el del Gasoducto Sur Peruano (GSP), debido a la garantía estatal que costeamos todos los usuarios eléctricos a través de nuestros recibos de luz.Sobre este proyecto conversamos con el economista Manuel Romero Caro, quien ha dedicado varias columnas de opinión al tema del GSP y la suerte de ‘novela’ que se ha generado por las repercusiones del caso Lava Jato en el Perú, historia que aún tiene muchos capítulos por escribirse en los próximos días.¿Qué ha pasado? Lo último que supimos fue que Odebrecht, el accionista mayoritario del proyecto, estaba buscando vender su participación. Pero, como dice Romero Caro, ¿quién va a querer comprarla, sabiendo que aún no han logrado el cierre financiero, es decir, que no tienen asegurado el financiamiento de US$ 4,300 millones que requiere el proyecto?Como se sabe, este 23 de enero vence el plazo para que Odebrecht y las otras empresas que participarán en la obra confirmen que tienen el financiamiento, tras lo cual se firmará una adenda de bancabilidad. Aquí, según el expresidente de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) se abren dos posibilidades.La primera es que llegue el 23 de enero y los participantes del proyecto no hayan conseguido el financiamiento. Este sería el fin del contrato y no habría más que hacer, por lo que cesaría también el pago de la garantía estatal a través de los recibos. "Esa es una causal, ahí no necesitan ley ni nada [para suspender el cobro]", señala.