Uno de los decretos legislativos que publicó el Ejecutivo establece la "muerte civil" para aquellas empresas que hayan incurrido en cohecho activo internacional. Es decir, no podrán contratar con el Estado. Sin embargo, esta disposición entrará en vigencia recién en enero del 2018, por lo que, según algunos abogados, la medida no alcanzará a Odebrecht, por ejemplo.Este detalle fue cuestionado por legisladores de oposición e integrantes de la comisión Lava Jato.Precisamente, Karina Beteta reveló a Gestión que evaluarán "pedir que la vigencia de esta norma sea a partir del día de publicación y no del próximo año".