En total 112 decretos publicó el gobierno hasta el 7 de enero. Sin embargo, no todos serían ratificados por el Congreso de la República.El procedimiento en un ámbito de facultades delegadas es que, tras la emisión de las normas por parte del Ejecutivo, el Legislativo delega a la Comisión de Constitución la revisión de los mismos para determinar si se enmarcan dentro de los campos en que fueron otorgados los poderes para legislar, y si se ajustan al marco constitucional.Con respecto a este último aspecto a examinar, algunos congresistas miembros del grupo de Constitución han expuesto sus reparos. Por ejemplo, el legislador aprista Javier Velásquez Quesquén, integrante de este grupo y del subgrupo de control político creado para analizar las normas, cuestionó el Decreto Legislativo 1249, que dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de activos y el terrorismo."En el caso de lavado de activos, se ha dictado una norma que condiciona o debilita la función del Ministerio Público (MP). El decreto establece que en estos casos habría que esperar un informe de la oficina de Mercado de Valores (…) Siendo el MP el titular de la acción, no puede haber ninguna limitación. Eso me parece absolutamente inconstitucional", dijo a Perú21.