El inicio del año en la capital fue sacudido por los violentos enfrentamientos entre la Policía y los vecinos de Puente Piedra, quienes protestaron por el alza del peaje y la instalación de una nueva garita a cargo de Rutas de Lima SAC (RDL), cuyo principal operador es la estatal canadiense Brookfield.Los sucesos no pasarían de ser una protesta normal y legítima ante lo que este sector de limeños considera una imposición injusta si no fuera porque, detrás de la historia, aparece también la brasileña Odebrecht, actualmente investigada en diversos países del mundo, entre ellos Perú, por actos graves de corrupción.¿Cuál es la relación? Veamos. La historia arranca en 2010. El consorcio Líneas Viales de Lima, conformado por Odebrecht, propuso al alcalde de Lima, Luis Castañeda, el proyecto "Vías Nuevas de Lima" con el objetivo de administrar los peajes en las vías Panamericana Norte, Sur y Ramiro Prialé a cambio de realizar obras de mejoramiento y mantenimiento. Ello ocurrió el 16 de abril de 2010.En 2013, luego de tres años de negociaciones y sin concurso público, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, decidió otorgarle la concesión por 30 años a RDL, que se comprometió a invertir un estimado de US$498 millones en las vías concesionadas.