Una norma promulgada por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski con el fin de dinamizar las inversiones contiene además varios artículos que, en opinión de legisladores de la Comisión de Constitución del Congreso, apuntan claramente a blindar futuros actos de corrupción.Se trata del Decreto Legislativo 1251, publicado en El Peruano el 30 de noviembre de 2016, en el marco de las facultades legislativas. Esta norma aún no pasó por el filtro de control de la Comisión de Constitución.Uno de los artículos más polémicos es el 38-A, que permite al Estado pagar un seguro de responsabilidad administrativa, civil e incluso penal, en favor de los funcionarios que tomen decisiones en temas de proyectos de inversión.Textualmente, el artículo señala: "Proinversión contratará seguros de responsabilidad administrativa, civil y penal para los funcionarios de la entidad responsable de adoptar decisiones en el marco de los proyectos de inversión (...)".En opinión de los parlamentarios Marisol Espinoza (APP) y Yonhy Lescano (Acción Popular), este decreto es un claro blindaje para los actos de corrupción."El Estado va a pagar incluso situaciones en las que se ha actuado con dolo", lamentó el congresista Lescano, en diálogo con La República.