El Ministerio Público tiene activas alrededor de una veintena de investigaciones seguidas a media docena de empresas brasileñas que contrataron con el Estado para la ejecución de grandes proyectos de obras públicas en Lima, Callao y provincias, y en las que se sospecha que existieron actos de corrupción, informaron fuentes de las Fiscalías Especializadas en Corrupción de Funcionarios.Los funcionarios públicos que participaron en los procesos de adjudicación, concesión y ejecución de los proyectos, así como los directivos de las constructoras y supervisoras brasileñas y sus asociados peruanos que intervinieron, suman más de 120 personas, indicaron las fuentes.Las investigaciones involucran obras públicas por las que el Estado peruano abonó más de 41 mil millones de soles, por el momento (aproximadamente 12 mil millones de dólares).La mayor parte de las pesquisas fiscales no se iniciaron necesariamente con la irrupción del denominado Caso Lava Jato sino que derivaron de auditorías de la Contraloría General de la República, pedidos de investigación de las Procuradurías Anticorrupción, por denuncias de ciudadanos o por iniciativa de las propias fiscalías especializadas en corrupción de funcionarios a partir de publicaciones periodísticas.