Entrevista a Juan Mendoza.Doctor, ¿el Decreto de Urgencia 007 emitido por el Gobierno cautela los intereses del Estado sobre las concesionarias locales?Me parece un buen paso, dado que va en la dirección correcta que el Gobierno pase a tomar algunas medidas para impedir que Odebrecht y otras empresas similares puedan llevarse sus activos. Porque hay que recordar que esa no ha sido la estrategia del Gobierno desde un comienzo. Incluso en el caso del gasoducto del sur, inicialmente se nos presentaba como una buena noticia que Odebrecht nos vendiera su participación. Sin embargo, parece que el decreto de urgencia tiene vacíos importantes. El principal es que no se habla de los socios [peruanos] de estas empresas [brasileñas] porque las licitaciones o las concesiones que se han dado en el caso de la Interoceánica han sido en consorcio. En los tramos 2 y 3 la empresa Odebrecht no ha ganado sola sino que ha tenido empresas socias, conocidas por su cuestionamiento [Graña y Montero (GyM), JJC e ICCGSA]. La medida tendría que aplicarse hasta que se esclarezca el tema de la corrupción, y cuanta corrupción hubo tiene que aplicarse al consorcio. Por ejemplo, en las concesiones de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica es clarísimo. Mi sugerencia es que [apenas estalló el escándalo] debió solicitarse el nombramiento de un interventor que hubiese manejado la concesión y no hubiera permitido ninguna venta de activos de estas empresas. La medida parecería proteger a las empresas vinculadas a la constructora Odebrecht antes que al Estado.Si una empresa como GyM entra a un consorcio y después que uno de los miembros del consorcio -como Odebrecht- admite haber incurrido en una coima, esta afectará a todo el consorcio. Por lo tanto, si ha existido ilegalidad o irregularidades en la obtención de esa concesión, todo el consorcio es responsable frente al Estado peruano y asume las consecuencias, las medidas punitivas y medidas cautelares que se disponga. Porque el resarcimiento económico que GyM pueda buscar por el daño que se le ha causado será con Odebrecht, pero el Estado peruano no tiene por qué perjudicarse. Entonces, la medida debe afectar a todos los consorciados. Cuando uno se asocia con alguien asume una responsabilidad y tiene que saber que en los negocios las malas decisiones se pagan con pérdidas ante la protección del Gobierno.