El 20 de enero último, el Consejo Directivo de Ositran aprobó por mayoría la polémica Adenda 1 del Contrato de Concesión del Aeropuerto de Chinchero a pesar de que, el mismo día, tres gerentes técnicos del ente regulador emitieron un informe en el que advertían que esta no se ajustaba a la ley y podría ser perjudicial para el Estado.Aún así, en la sesión 607 de Ositran, los directivos Alfredo Dammert Lira y Antonio Balbuena Vela -bajo argumentos similares- emitieron su voto a favor de la modificación contractual, mientras que la presidenta del Consejo Directivo, Patricia Benavente Donayre, lo hizo en contra. El motivo por el que Benavente Donayre no aceptó la adenda y provocó que -cuatro días después- renunciara a su cargo está contenido en el Informe N° 005-2017-GRE-GSF-GAJ- OSITRAN, al que Correo tuvo acceso.En el documento, de 87 páginas, se explican una serie de argumentos legales, económicos y financieros por los gerentes de Regulación y Estudios Económicos, Manuel Carrillo; de Supervisión y Fiscalización, Francisco Jaramillo; y de Asesoría Jurídica, Jean Paul Calle, quienes no avalan la adenda propuesta por el consorcio Kuntur Wasi y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).Uno de los principales cuestionamientos gira en torno al cambio de forma de pago que aceptó el Gobierno, bajo la cual el Estado deberá entregar esta semana 40.3 millones de dólares a Kuntur Wasi como parte de un adelanto de obra. Esto, según Ositran, "altera las condiciones del proceso licitatorio" y "desnaturaliza" el Decreto Legislativo 1224 que regula la ejecución de obras a través de la modalidad Asociación Público Privada (APP). Sobre dicho pago, que al final de la construcción sumará $409 millones, los funcionarios del órgano de control advierten que el MTC no cumplió con entregar un fundamento técnico que "sustente el modelo económico financiero" bajo el que determinaron la cifra a pagar.