Como consecuencia de las denuncias ciudadanas contra empresas que estarían elevando irrazonablemente el precio de productos o servicios de primera necesidad, la Defensoría del Pueblo, dio a conocer la presentación de una iniciativa legislativa que sanciona como delito grave dicha conducta. El defensor del Pueblo, a través de su titular, Walter Gutiérrez, señaló que resulta condenable que en momentos difíciles, como los que atravesamos, se aprovechen de la necesidad de los afectados.Asimismo, cuestionó existan empresas que eleven injustificadamente los precios de bienes como el agua, o servicios como la atención en salud o el transporte.